La resolución del PAI del Borde Norte (Mamellot), que el equipo de gobierno trasladará al pleno ordinario de Sagunto de la próxima semana va a tener, según explican desde Segregación Porteña, "efectos colaterales", ya que en esa misma sesión se propondrá el cambio de calificación de los dotacionales de propiedad privada próximos a la zona de San Francisco de Borja, los mismos que el tripartito modificó hace dos legislaturas.

La primera de estas parcelas está ubicada junto a la rotonda de las Barcas, detrás de Ciudadmar, y está calificado como suelo escolar con una superficie de 11.212 m², mientras que el segundo está situado al norte de la Cooperativa San Francisco de Borja, con unos 27.000 m².

Según explica el portavoz segregacionista, Manuel González, en la web de IP, es "absolutamente inaceptable que en una zona en la que el esperado nuevo colegio se ha quedado pequeño, se anule un solo metro de suelo destinado a la construcción de centros escolares, tanto de Primaria como de Secundaria".

Además, apunta, el otro gran espacio dotacional destinado a equipamientos deportivos, también se ve afectado por esta nueva propuesta, "con lo que al verse reducidas su dimensiones, también se reducen las posibilidades que ahora mismo tiene este espacio para que alberguen determinadas instalaciones”.

González explica que SP aprobó en su momento la tramitación del PAI del Borde Norte, "precisamente para salvar estos dotacionales de la quema". El coste estipulado en la etapa del tripartito (2003-2007), explica, fue de 44,5 millones de euros para poder adquirir esos dos espacios desde el Ayuntamiento. Por lo tanto, "había que dar una solución y SP lo intentó a través de la urbanización del 'Mamellot', ya que destinábamos las adscripciones precisamente a la adquisición de ese suelo”.

Por último, el portavoz segregacionista considera que “es necesario que se movilice la población de esa zona del Puerto, puesto que está en juego su calidad de vida". En la Cooperativa, insisten, hay una densidad de 120 viviendas por hectárea y en la zona de Vilamar se dispara hasta las 160, "esos solares se consideraban necesarios para el desarrollo y la prestación de servicios a todos los ciudadanos que habitan ese sector del Puerto".

Con la determinación que han tomado desde el equipo de gobierno, denuncia González, "dan continuidad a la política de hace dos legislaturas, que con los estándares de vivienda actuales y con la edificabilidad que le reconocían a esos dos solares, incrementarían el número de viviendas en más de 700, es decir, en torno a 2.000 habitantes más para la zona, con varios miles de m² de suelo dotacional menos. Es decir, más problemas de escolarización, más traslados de niños de tres años a otros centros alejados y más barracones, además de la carencia endémica de infraestructuras deportivas de la zona”.