Las nuevas realidades sociales dibujan nuevas necesidades que no pueden pasar desapercibidas para las administraciones. El equipo de gobierno de Algimia de Alfara, presidido por el socialista Paco Salt, ha demostrado una vez más su capacidad de adaptación y de respuesta ante estas nuevas realidades.

Así, el pleno de la corporación municipal aprobó por unanimidad en la tarde del jueves la modificación de la ordenanza reguladora de ayudas económicas para la atención de necesidades sociales con el objetivo de evitar que ningún estudiante del municipio pueda ver truncadas sus expectativas a consecuencia de conflictos surgidos en el entorno familiar.

“Están surgiendo problemas en el seno familiar que repercuten en la formación de los hijos y la obligación del consistorio es tratar de dar respuestas”, subrayó el alcalde de Algimia. “En el caso de que un chaval no pueda continuar estudiando, bien en la enseñanza reglada bien en otras disciplinas como la música, por un conflicto familiar en una situación de emergencia social, el ayuntamiento no puede quedarse al margen, ya que sería un cargo de conciencia, y debe actuar”, añadió Salt.

La ordenanza establece que para ser beneficiario de la prestación el interesado “deberá acreditar una especial aptitud o capacidad” en el desempeño de las actividades o materias sobre las que se esté recibiendo la formación, tras lo que se procederá a la valoración correspondiente por los Servicios Sociales. La cuantía de las ayudas se ajustará “a las necesidades planteadas”.

Asimismo, la corporación municipal dio luz verde a una nueva ordenanza reguladora del ejercicio de la venta no sedentaria con el establecimiento, además, de las tasas correspondientes. El objetivo es dotar de cobertura legal a una actividad que no había estado nunca regulada y acabar con la competencia desleal. Salt resaltó que han sido los propios vendedores los que han planteado la necesidad al detectar algunos abusos por parte de vendedores que acudían a la población con objetos de dudosa procedencia.

Finalmente, el pleno subsanó un error en la ordenanza que regula la condición de beneficiarios de productos farmacéuticos excluidos del régimen de la seguridad social. Anteriormente se establecían los 65 años como edad para percibir las ayudas, cuando “hay personas de esta edad que continúan en activo y a lo mejor hay otras más jóvenes que son pensionistas”, matizó Salt. Así que a partir de ahora el requisito para optar a esta subvención será “tener reconocida la condición de jubilado o pensionista”.