El Camp de Morvedre no es una excepción en lo que se refiere a la situación de la deuda en las comunidades de propietarios. De hecho, varios administradores de fincas han confirmado a morvedre.info que, si bien en 2010 se advirtió un incremento sustancial de los morosos en las comunidades de propietarios de nuestra comarca con respecto a 2009, “durante 2011 la situación se está agravando en muchas propiedades, dado que a los procedimientos judiciales todavía no resueltos por los juzgados de años anteriores, se une la elevada morosidad de este ejercicio”.
Al respecto de esta cuestión, hace varios meses Pedro Viguer, juez decano de los Juzgados de Valencia, afirmó que “las reclamaciones de deudas menores de 6.000 euros en las comunidades de vecinos se han casi cuadruplicado en un año, considerando los cuatro primeros meses de 2011 frente al mismo periodo del ejercicio anterior”.
Por su parte, el presidente de la Audiencia Provincial de Alicante, Vicente Magro, afirmó recientemente que "lo primero que se deja de pagar en nuestro país son las cuotas de las comunidades de vecinos" y que el número de procedimientos monitorios por impago emitidos en los juzgados en 2010 fueron de 400.000, mientras que la cifra de la presente anualidad ya supera los 850.000 expedientes.
Los profesionales consultados coinciden en que la morosidad se está produciendo principalmente en propiedades en las que todos los miembros de la unidad familiar se encuentran en desempleo o que son de empresas con problemas financieros reales, “aunque también por parte de algunas personas que están aprovechando la coyuntura económica para desaparecer e intentar incumplir sus compromisos”. Por otra parte, se advierte un incremento de casos de morosidad en recientes promociones inmobiliarias con empresas promotoras que no atienden el pago de las cuotas comunitarias de sus inmuebles no vendidos, "dándose el caso de algunas que, además, se encuentran en concurso de acreedores, lo que agrava la coyuntura".
Tampoco cabe olvidar a las entidades bancarias, que según Francisco Santibáñez, abogado y administrador de fincas de la firma SANTIBAÑEZ ASOCIADOS, “están asumiendo la titularidad de un importante número de inmuebles, ya sea por dación en pago de deuda –sobre todo de promotoras- o por ejecución hipotecaria, especialmente contra particulares”. Al respecto, coinciden las fuentes consultadas en que en un “excesivo” número de ocasiones, las entidades bancarias están retrasando durante varios meses el pago de las cuotas comunitarias pendientes de sus inmuebles, lo que también perjudica al resto de propietarios.
Esta elevada morosidad está incrementando -en algunos casos- los conflictos de convivencia, generando “conductas reflejas" (si aquel propietario no paga yo tampoco) y obligando a la fijación de cuotas extraordinarias para atender los pagos, a renegociar los plazos de pago con los proveedores o incluso, a la eliminación de ciertos servicios básicos (en los supuestos más graves) de algunas comunidades.
Ante esta situación, los administradores de fincas se han visto obligados a redoblar los esfuerzos destinados al cobro de las cuotas pendientes. Pero también, según Santibáñez, "tal y como han considerado con acierto representantes de diferentes colegios de administradores de España, es necesario acometer una urgente modificación de la legislación aplicable, con la finalidad de dotar de mayor agilidad y eficacia al procedimiento monitorio en defensa de los intereses de las comunidades”.
Al respecto de lo anterior, hay que considerar, entre otras cuestiones, que actualmente -según determina el Artículo 21 de la Ley de Propiedad Horizontal- “la utilización del procedimiento monitorio requiere la previa certificación del acuerdo de la Junta aprobando la liquidación de la deuda”. Frente a ello, algunos han venido a proponer que la certificación del administrador fuera suficiente para reclamar judicialmente, lo que reduciría los plazos de manera considerable.
